Los mecanismos de democracia directa cuando se impulsan desde los gobiernos son una salida ante las dificultades que enfrentan los gobernantes en poderes divididos. Por otra parte, las legislaciones funcionan en México como una suerte de contención a las demandas ciudadanas, pues las activaciones necesitan el respaldo de un partido político como gobierno o fuera del gobierno debido al elevado porcentaje de firmas difícil de conseguir para una ciudadanía sin vínculos partidistas. El reconocimiento legal para ejercer el derecho a proponer consultas, no se sostiene por la vía de los hechos debido a los altos porcentajes para la colecta de firmas. Por tanto, se reconocen derechos inaplicables para los ciudadanos sin vínculos partidistas. Sin embargo, las consultas en México han sido bandera para justificar el avance democrático, no obstante, el diseño de las instituciones participativas depende de la voluntad política de quienes gobiernan. Por otra parte, las activaciones impulsadas por los gobernantes en México han puesto interés en temáticas sobre infraestructura, y en posiciones favorables ante la opinión pública frente a temas polémicos, todo esto para ganar la preferencia y marcar distancia en la forma de gobernar. Contrario sucede cuando la activación la impulsan pobladores. ¿Con qué intención se activa o se detiene un mecanismo de democracia directa en México? Cuando los ciudadanos han solicitado la activación de consultas para detener aumentos al transporte, o suspender la instalación de empresas que dañan el medio ambiente, la respuesta de los gobernantes ha sido en un alto porcentaje, la indiferencia y el rechazo al mecanismo e incluso, negación al resultado del voto.